La participación de la Dirección General de Correos y Telégrafos en el origen del servicio telefónico en España es esencial, tanto en los experimentos iniciales como en la aprobación del reglamento y en la selección de las diferentes ofertas presentadas por los concesionarios. La Dirección General de Correos y Telégrafos creó en Madrid, en 1882, una red telefónica oficial que enlazaba las principales dependencias estatales que con escasos recursos consiguió un funcionamiento eficaz, siendo puesta como ejemplo por los partidarios de que el teléfono fuera por cuenta del Estado. El decreto de 11 de agosto de 1884 reservaba al Estado la explotación del servicio telefónico, valiéndose de los funcionarios del Cuerpo de Telégrafos. En la exposición del decreto elaborada por el ministro Romero Robledo se justificaba la conveniencia del carácter estatal del servicio: las graves dificultades sufridas para la puesta en servicio; el caos telefónico de Barcelona, ocasionado por la cantidad de concesiones otorgadas; el temor de dejar en manos privadas un medio tan poderoso; lo rentable que sería para el Tesoro, y el ejemplo de Europa.